Por:
Miguel Olvera Caballero
La
Región, Ver.- Incertidumbre es la que impera en varios municipios de la zona de
Coscomatepec y Huatusco, donde los alcaldes no podrán realizar importantes
obras de primera necesidad en sus localidades por órdenes del Orfis.
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Pie de foto:
HUATUSCO, Ver.- Aunque la principal demanda de la gente
es darle mantenimiento a caminos, entre otras obras de
infraestructura, los alcaldes están atados de manos por
el Orfis, que exige solo hacer mejoras en viviendas,
como techos, pisos y baños.
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Tanto
en Huatusco, como en Totutla, Tlacotepec de Mejía, Chocamán, Zentla y Tomatlán,
entre otras localidades, los alcaldes se encuentran preocupados, porque caminos
rurales, así como proyectos de infraestructura, no se les aprobarán en sus
cuentas públicas. La única “concesión” que hizo el gobierno es que el 30 por
ciento del FISM podrá usarse para habilitar caminos rurales.
Gildardo
López Melo, alcalde de Tlacotepec de Mejía, declaró que en el municipio que
gobierna solo está pavimentada la calle principal y aunque su propuesta
implicaba aplicar asfalto en toda la cabecera municipal, el Orfis no le
permitirá usar recursos del FISM para ello.
Otro
de los municipios donde es urgente la reconstrucción de las calles es Chocamán,
aunque el alcalde, Alejandro Rojas Ramírez, enfrenta el mismo dilema, al no
poder aplicar recursos del ramo 033. Un 80 por ciento de sus calles y avenidas
están destrozados.
Uno
de las pocas localidades que no tendría problemas con las disposiciones del
Orfis es Coscomatepec, donde la mayoría de caminos son rurales, externó en su
momento el alcalde, Manuel Álvarez Sánchez.
Apenas
la semana pasada, alcaldes de Acción Nacional se inconformaron por la presión
que el Órgano de Fiscalización Superior les hace, al advertirles que inclusive
podrían meterlos a la cárcel si utilizan recursos del ramo 033 en caminos
rurales y otras obras, pues las órdenes son usar el recurso para acciones de
combate a la pobreza.
En
el caso de Huatusco, Totutla y Tomatlán, sus alcaldes han manifestado en varias
ocasiones que al quedar atados de manos por el ORFIS para incluir obras que sí
son de primera necesidad, buscarán alternativas para poder apoyar a las
comunidades sin violar la nueva Ley de Coordinación Fiscal.
El
desempleo, manifestaron varios presidentes municipales de la región, será una
de las consecuencias inmediatas de la nueva política en materia de obra
pública, pues al no poderse ejecutar obras de infraestructura básica, los
alcaldes no podrán usar la mano de obra local, que es uno de los recursos para
activar la economía al terminar el corte de caña de azúcar y café.
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