Xalapa,
Ver.- Por la probable comisión de un daño patrimonial al erario del Gobierno
del Estado, por un monto aproximado a los 100 millones de pesos, que al término
de una auditoria en curso, podría alcanzar los 250 millones de pesos, la
Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó, en el uso de sus facultades, a la
Procuraduría General de la República (PGR), el establecimiento de una Alerta
Migratoria y publicación de Ficha Roja, para efectos de búsqueda, localización
y detención con fines de extradición, de Carol Jéssica Moreno Tórres, quien
fungió como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz durante el
gobierno de Javier Duarte.
En
conferencia de prensa, el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz
informó que como resultado de un trabajo de inteligencia, el órgano autónomo a
su cargo, cuenta con información que ubica a la ex servidora pública en el estado
de Texas, de los Estados Unidos (EU); asimismo, que Carol Jéssica cuenta en su
contra con una orden de aprehensión girada por un Juez de control del fuero
común, como probable responsable de los delitos de abuso de autoridad e
incumplimiento de un deber legal.
“Con
sustento en diversos dictámenes periciales de auditoría contable forense, se
desprende que en el periodo que fungió como Oficial Mayor de la dependencia
educativa, la hoy investigada y buscada, causó un daño patrimonial que hoy
registra un monto poco menor a 100 millones de pesos; no obstante, el daño
podría alcanzar los 250 millones de pesos”, expresó el Fiscal General.
Winckler
Ortiz afirmó que algunos indicios y datos de prueba, indican que el dinero
desviado pudo ser destinado a operaciones de corte político partidario
realizadas en el estado de Veracruz e incluso del país.
La
denuncia contra la ex oficial mayor duartista fue presentada en su oportunidad
por el actual Contralor General del Estado de Veracruz, ante la probable
evidencia de agravio al patrimonio de la SEV y del Gobierno del Estado,
registrado en el periodo comprendido entre los meses de febrero a julio de
2016.
Entre
algunos de los actos ilegales en los cuales podría encontrarse responsabilidad
penal en su contra, figura la compraventa de bienes mobiliarios y equipos de
administración sin mediar contrato y pagos sin evidencia de recepción de los
bienes; asimismo, la contratación de proveedores, cuyos giros empresariales no
corresponde a los servicios para los que presuntamente fueron contratados, como
consta en actas constitutivas.
A
su vez, explicó que la auditoría integral practicada por el órgano de control
interno de la SEV, detectó que 42 cuentas bancarias no fueron incluidas en
registros contables de los estados financieros correspondientes a 2016; no
obstante, se realizaron transferencias bancarias y retiros, de los cuales no se
cuenta con registro de documentación soporte.
Asimismo,
no se cuenta con registro que justifique los montos de las transferencias y
aplicación de recursos federales para la operación del Programa Nacional de
Inglés (PRONI); misma situación de nulidad en la que se encuentra el soporte
documental de utilización de fondos destinados a la operación del Programa
Escuelas de Tiempo Completo, los cuales se encuentran sujetos a reglas del
Gobierno federal y del Gobierno del Estado, con cargo a la Subsecretaría de
Educación Básica.
Con
base en el análisis del procedimiento licitatorio, existe la posibilidad de que
la adquisición de bienes muebles, materiales y útiles de oficina,
correspondientes a ese periodo, presentan probables adjudicaciones ilegales; en
el caso de la adquisición de material especializado para procesamiento de
equipos y bienes informáticos, se detectó que el proveedor no se encuentra dado
de alta en el servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que hace presumir
la posibilidad del uso de empresa no existente, conocida como “fantasma”, como
depositarios de recursos económicos.
El
Fiscal General afirmó que se encuentra pendiente la conclusión de diversos
dictámenes periciales y que la investigación continuará su curso hasta conocer
el monto total del daño patrimonial; “se desahogarán todas las diligencias,
empleando todos los recursos para lograr la ejecución del mandamiento de
captura de Carol Jéssica, porque es un acto de justicia para Veracruz y con el
ánimo de recuperar el dinero público desviado, en agravio de todos los
veracruzanos y que el culpable no quede impune”, finalizó.
