Por:
Miguel Olvera Caballero
Xalapa,
Ver.- Diputados priistas del Congreso Local echaron abajo el juicio político contra
Javier Duarte de Ochoa, dándole “carpetazo” al asunto. El único argumento de
los legisladores es que la denuncia tenía tintes políticos.
Votaron
en contra del juicio político los diputados Ciro Gonzalo Félix Porras, Eduardo
Sánchez Macías, Marco Antonio del Ángel Arroyo y Juan Manuel Velázquez Yunes, todos
de extracción priista. A favor del juicio votaron los legisladores Domingo
Bahena Corbalá y Carlos Gabriel Fuentes Urrutia.
El
Congreso del estado dio a conocer a través de un comunicado que las Comisiones
Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales determinaron como
improcedente el juicio político en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa
por lo que concluyen que el procedimiento y el dictamen correspondiente será
depositado en la Secretaría General, informó el diputado presidente de la
Comisión de Gobernación.
En
una férrea defensa de Duarte, los cuatro legisladores que votaron un dictamen
para dar “sobreseimiento” a la solicitud de juicio político reviraron que las
observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en donde el
gobierno priista ha sido incapaz de justificar en qué se gastaron 35 mil
millones de pesos en lo que va de este sexenio, son procesos fiscales que aún
están en “proceso de solventación”.
En
entrevista el diputado panista Carlos Urrutia lamentó que el “mayoriteo
priista” haya “frenado” el intento por llevar al mandatario a juicio político,
pues expuso que basta con observar todos los escándalos en que se ha metido la
administración veracruzana para llevarlo a juicio político.
“Es
lamentable que la mayoría de los diputados integrantes de estas Comisiones
Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales hayan actuado por
consigna y se hayan limitado a externar en comisiones, como único argumento,
que la denuncia de juicio político obedeció a los tiempos electorales, sin
enfocase en estudiar con profesionalismo e imparcialidad los tres aspectos que
por ley les correspondía analizar”, se expresa en el documento del voto
particular de los panistas Carlos Urrutia y Domingo Bahena.
Carlos
Fuentes sostuvo que algunos de los argumentos que mostraron los integrantes de
las Comisiones, es que este caso podría considerarse como de “índole electoral”
y que aún hay tiempo para aclarar ante la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) el uso de recursos del que acusan al Gobernador de Veracruz.
Conforme
al procedimiento estipulado en la Ley de Juicio Político y Declaración de
Procedencia, el Dictamen fue depositado en la Secretaría General para su
sobreseimiento (suspensión del proceso).
“Entregamos
pruebas, sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, diversos informes de la Auditoría Superior de la
Federación, un disco compacto que contiene los estados de cuenta bancaria del
Fideicomiso del Impuesto a la Nómina, imágenes gráficas, originales de diarios
y notas periodísticas, la propia recomendación de la CNDH sobre casos de
desaparición forzada, las declaraciones del fiscal general que reconoce casos
de desaparición forzada. ¿Qué más querían los diputados priistas como
pruebas?”, recriminó Urrutia.
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