BUSCAN A EX OFICIAL MAYOR DE LA SEV

Xalapa, Ver.- Por la probable comisión de un daño patrimonial al erario del Gobierno del Estado, por un monto aproximado a los 100 millones de pesos, que al término de una auditoria en curso, podría alcanzar los 250 millones de pesos, la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó, en el uso de sus facultades, a la Procuraduría General de la República (PGR), el establecimiento de una Alerta Migratoria y publicación de Ficha Roja, para efectos de búsqueda, localización y detención con fines de extradición, de Carol Jéssica Moreno Tórres, quien fungió como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte.

En conferencia de prensa, el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz informó que como resultado de un trabajo de inteligencia, el órgano autónomo a su cargo, cuenta con información que ubica a la ex servidora pública en el estado de Texas, de los Estados Unidos (EU); asimismo, que Carol Jéssica cuenta en su contra con una orden de aprehensión girada por un Juez de control del fuero común, como probable responsable de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

“Con sustento en diversos dictámenes periciales de auditoría contable forense, se desprende que en el periodo que fungió como Oficial Mayor de la dependencia educativa, la hoy investigada y buscada, causó un daño patrimonial que hoy registra un monto poco menor a 100 millones de pesos; no obstante, el daño podría alcanzar los 250 millones de pesos”, expresó el Fiscal General.

Winckler Ortiz afirmó que algunos indicios y datos de prueba, indican que el dinero desviado pudo ser destinado a operaciones de corte político partidario realizadas en el estado de Veracruz e incluso del país.

La denuncia contra la ex oficial mayor duartista fue presentada en su oportunidad por el actual Contralor General del Estado de Veracruz, ante la probable evidencia de agravio al patrimonio de la SEV y del Gobierno del Estado, registrado en el periodo comprendido entre los meses de febrero a julio de 2016.

Entre algunos de los actos ilegales en los cuales podría encontrarse responsabilidad penal en su contra, figura la compraventa de bienes mobiliarios y equipos de administración sin mediar contrato y pagos sin evidencia de recepción de los bienes; asimismo, la contratación de proveedores, cuyos giros empresariales no corresponde a los servicios para los que presuntamente fueron contratados, como consta en actas constitutivas.

A su vez, explicó que la auditoría integral practicada por el órgano de control interno de la SEV, detectó que 42 cuentas bancarias no fueron incluidas en registros contables de los estados financieros correspondientes a 2016; no obstante, se realizaron transferencias bancarias y retiros, de los cuales no se cuenta con registro de documentación soporte.

Asimismo, no se cuenta con registro que justifique los montos de las transferencias y aplicación de recursos federales para la operación del Programa Nacional de Inglés (PRONI); misma situación de nulidad en la que se encuentra el soporte documental de utilización de fondos destinados a la operación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, los cuales se encuentran sujetos a reglas del Gobierno federal y del Gobierno del Estado, con cargo a la Subsecretaría de Educación Básica.

Con base en el análisis del procedimiento licitatorio, existe la posibilidad de que la adquisición de bienes muebles, materiales y útiles de oficina, correspondientes a ese periodo, presentan probables adjudicaciones ilegales; en el caso de la adquisición de material especializado para procesamiento de equipos y bienes informáticos, se detectó que el proveedor no se encuentra dado de alta en el servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que hace presumir la posibilidad del uso de empresa no existente, conocida como “fantasma”, como depositarios de recursos económicos.

El Fiscal General afirmó que se encuentra pendiente la conclusión de diversos dictámenes periciales y que la investigación continuará su curso hasta conocer el monto total del daño patrimonial; “se desahogarán todas las diligencias, empleando todos los recursos para lograr la ejecución del mandamiento de captura de Carol Jéssica, porque es un acto de justicia para Veracruz y con el ánimo de recuperar el dinero público desviado, en agravio de todos los veracruzanos y que el culpable no quede impune”, finalizó.