Agencias
Xalapa,
Ver.- Más de un centenar de periodistas de Veracruz –la mitad de ellos con
cobertura en la nota roja- reprocharon en una misiva al fiscal general del
estado, Jorge Winckler Ortiz, el “cerco informativo” establecido en la
dependencia para dar pormenores de hallazgos de ejecutados, hechos de
violencia, vinculaciones a proceso de servidores públicos o la selectividad de
avances en las diligencias que se siguen en contra de exfuncionarios del
gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Ochenta
y siete periodistas en un inicio y un anexo posterior de comunicadores
exigieron que con fundamento en el artículo 7 de la Constitución Política de
México, más los aplicables en materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información a nivel federal y estatal, Winckler no blinde los acontecimientos
que son de la mayor relevancia para las audiencias que atienden y que son la
pauta en la agenda pública estatal y nacional de Veracruz.
“Externamos
nuestra preocupación por el cerco informativo que la Fiscalía General del
Estado (FGE) ha puesto en torno a hechos de violencia y a diligencias propias
de la dependencia. Quienes rubricamos esta misiva hemos cubierto y damos
seguimiento a diversos hechos de violencia como el abandono de cadáveres en carreteras,
lotes baldíos y ranchos; aparición de cuerpos sin vida en fosas comunes;
detenciones de personas acusadas de diversos delitos. Asimismo, somos testigos
de procedimientos penales vinculados a delitos del fuero común, entre otros”,
expone el documento.
Desde
que arrancó el gobierno de Yunes Linares, la Fiscalía General de Justicia vive
una serie de contrastes: por un lado hay una inanición informativa en consignar
los hechos de violencia (seis cuerpos desmembrados hoy aparecidos en bolsas
negras en la región de los Tuxtlas, ocho ejecutados en el municipio de Nogales
abandonados en una camioneta el miércoles pasado, la inhumación clandestina de
una fosa en el norte de la entidad a inicio de la semana).
En
contraste, medios de comunicación aliados del gobierno de Yunes Linares reciben
“trato preferencial” y fotografías de los decomisos realizados a propiedades
del exgobernador Javier Duarte o a la investigación en contra de exfuncionarios
de los dos últimos gobiernos priistas por clonar medicinas y otorgar
quimioterapias falsas.
En
la carta, periodistas de medios locales, regionales y nacionales le recuerdan a
Winckler que el sistema de justicia penal acusatorio no está reñido con la
transparencia, la rendición de cuentas y la publicidad de los actos de gobierno,
tanto en la fase de investigación de los hechos como la impartición de
justicia.
“La
información en los medios la refuerza, al ser un sistema garantista de derechos
tanto de los imputados, las víctimas y la sociedad ofendida, precisamente, para
evitar y combatir la discrecionalidad de las autoridades y los posibles abusos.
“La
impunidad o falta de justicia en Veracruz, no es responsabilidad de los
periodistas sino de las autoridades que precisamente en un régimen de opacidad,
de falta de rendición de cuentas y de débil escrutinio público, la han
alimentado y dado la pauta para la implementación de un nuevo sistema ante la
falta de resultados”, exponen los comunicadores.
La
carta replicada en redes sociales, medios de comunicación y con acuse de recibo
para la oficina del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, para la Comisión
Estatal de Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) y con copia simple para
la presidencia del Congreso local, refiere que ni en los peores momentos del
“duartismo”, ni tampoco en el ocaso del sexenio del no menos polémico priista
Fidel Herrera Beltrán, se había vivido tanta ausencia de información por parte
de la impartición de justicia, como en estos 60 días.
“La
opacidad informativa, el ocultamiento de hechos violentos, el silencio ante
liberaciones de exfuncionarios estatales, han sido el tema y la queja de cada
día dentro del gremio periodístico. Desde que Winckler Ortiz tomó protesta como
fiscal a propuesta del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, se enarboló un discurso
mediático donde se privilegiaba la transparencia y la apertura informativa.
“Incluso
se utilizaron lemas y frases como ‘en mi gobierno no vamos a ocultar nada’, ‘no
vamos a minimizar la violencia’, ‘vamos a reconocer lo que esté ocurriendo’,
entre otros. Sin embargo, la política de la Fiscalía ha ido en una directriz
contraría”, se señala.
Los
periodistas de Veracruz exponen que escudarse en que el nuevo Sistema de
Justicia Penal obliga a reservar información, es una falacia y un engaño, pues
mientras a la mayoría de los medios de comunicación se les niega el acceso a la
información pública, a otros, “los consentidos del nuevo régimen”, se les
filtra.
