LA VULNERABILIDAD DEL LLAMADO CUARTO PODER

José Luis Jiménez Zaragoza

Tezonapa, Ver.-Tocar intereses, “destapar” cloacas o hablar de temas vinculados a la corrupción o de compadrazgos entre autoridad y delincuencia, vulnera a comunicólogos dentro y fuera del estado.                                                                                                                          

Al final del día a ninguna autoridad le conviene esclarecer los crímenes de periodistas o tratan de desvirtuar las investigaciones para demostrar que el reportero no murió por el quehacer periodístico, sino ajeno a ello.

El enojo y malestar de los autores intelectuales es cubierto por la propia autoridad. Nunca se sabe de ellos, sólo en algunos casos, de los autores materiales, de los sicarios que son enviados a “callar” a los reporteros porque afectó intereses del patrón. Ellos son quienes, en caso de ser detenidos, llegan a prisión o en su mayoría, los expedientes, quedan archivados, simplemente porque a nadie le interesó resolverlos.

Armando Saldaña Morales, de 52 años de edad, reportero de la Ke Buena de Tierra Blanca, y radicado en Laguna Chica, fue ejecutado y su cuerpo abandonado cerca de un río entre las comunidades de Morelos y Rancho Tablas, en la zona limítrofe de Veracruz y Oaxaca.

El móvil, nadie lo conoce y desde el mismo lunes las autoridades guardan mutismo. Para algunos, tocó temas  relacionados con “chupaductos”, para  otros afectó intereses de un patrón, del que no se sabe nombre o prefieren no decirlo porque se  oculta al amparo de la corrupción.

Para la familia y amigos, Armando Saldaña nunca tocó temas policiacos, menos aún habló de “chupaductos”, porque su especialidad y su pasión eran temas políticos y la narración deportiva. No había un objetivo clave, simplemente lo sacaron del camino.

A todas luces, se demuestra que ninguna autoridad, ni la de Veracruz o Oaxaca, tienen el interés de que el caso sea esclarecido, porque de hacerlo, saldrían a la luz pública, el motivo que derivaron en la ejecución y de ahí, sacar a relucir, nombre o nombres de quienes ordenaron, “callarlo” y por qué.

Mientras la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca trata de minimizar el caso y descartar que Armando Saldaña fue ejecutado a balazos, la propia familia lo contradice porque ellos, tienen fotografías y las evidencias de cómo recibieron el cuerpo y las condiciones en que se encontraba.

Si bien es cierto que debe existir secrecía en el caso, por tratarse de un asunto de alto impacto. Las autoridades, ocultan la información a la propia familia y más aún, ni siquiera ha entregado el certificado de autopsia que confirmara la causa de muerte. Ahora porque tienen muchas dudas en su trabajo, tienen que perfeccionar un documento que tuvieron que haber entregado a más tardar el martes pasado.

SU DELITO, SER REPORTERO.

El llamado “Cuarto Poder” como se le conoce a los periodistas, prácticamente, es vulnerable, por el maridaje delincuencia- gobierno.

El principal delito de Armando Saldaña es  haber sido reportero, que aunque no hablaba temas de policiaca,  “destapaba” corrupción en asuntos políticos, tocaba callos de gente pudiente, adinera o caciques que siempre han existido en la región.

A los famosos “intocables” les molesta cuando alguien se sale del camino y no pueden controlarlos, porque eso pone al descubierto corruptelas de las que viven y han obtenido su poderío.

Grupos especiales, Secretaría de Marina Armada de México, Defensa Nacional (Sedena) y grupos especiales de la Policía de Alto Impacto, han llegado a territorio oaxaqueño, colindante con Veracruz para resolver el asesinato, y terminar con los grupos de poder que se han adueñado de la región .

El tema del periodista, redobló más el trabajo de investigación, no por qué sea su principal interés, sino porque tienen encima  la presión de Organismos no Gubernamentales, de grupos de periodistas a nivel nacional que exigen justicia y de dependencias federales que, por las presiones de comunicadores, tuvieron que actuar,  despertar del sueño, en el que se encuentran desde hace muchos años.

FAMILIARES EXIGEN JUSTICIA EN CASO SALDAÑA.

Ante nula respuesta de los gobiernos de Veracruz y Oaxaca para esclarecer el crimen de Armando Saldaña Morales, familiares exigen justicia y que las dependencias, encargadas de protección a periodistas hagan su trabajo y no abandonen a los comunicadores que se encuentran en peligro.

En una protesta hecha en Xalapa, familiares exclamaron en pancartas “¿dónde está el señor Gobernador? Pedimos que se haga justicia. Tenemos miedo, tenemos dolor, tenemos mucha rabia”, dijo María Isabel Jasso Aguilar, esposa de Saldaña.

Las autoridades pretendían “apagar” el fuego, evitar que acrecentara y no pasara a mayores, lo que molestó a la familia quien insistió “Tuvimos que venir hasta acá (Xalapa) manifestarnos y exigir que intervinieran, ustedes no se acercaron para nada, mi papá era veracruzano, ni siquiera una llamadita, para que ver que asesoría jurídica necesitábamos. Una llamada, total, a ustedes no les iba a costar”.

SILENCIAN A COMUNICADORES

 Octavio Rojas. Ejecutado.

 De septiembre del 2014 a mayo del 2015, Octavio Rojas, un colaborador de un diario de Córdoba y encargado de comunicación social del Ayuntamiento de Cosolapa, y Armando Saldaña Morales fueron “callados” por afectar intereses del que no se ha conocido nombre.

El primero fue ejecutado a balazos en la puerta de su vivienda de la colonia Santa Fe  y Armando Saldaña cuando salió de su vivienda de Laguna Chica a cubrir un evento en Tetela, Oaxaca.

Del crimen existen varias hipótesis, incluso algunas autoridades tienen fotografías de sujetos desertores del crimen organizado, quienes desde el año pasado, presuntamente, trabajan para el mejor postor, de quienes se dijo, fueron vistos por última vez en la camioneta que tenía prestada, Saldaña Morales.

A uno de los sujetos, de quien se cuenta con su nombre y apodo, se le relaciona en un rosario de delitos cometidos en Tezonapa y Cosolapa.

A pesar de esa información, ninguna autoridad  habla al respecto, aunque otros, indiquen que ese dato, fue aportado a instancias federales para que atraigan el expediente por el asesinato y lo resuelvan debido a la tibieza con que el gobierno de Oaxaca, diligencia el caso.