Por: Miguel Olvera Caballero
Córdoba, Ver.- Por abuso de poder y retención de capital fue denunciado Juan Manuel del Castillo, ex subsecretario de Administración y Finanzas y actual candidato a diputado local por el PRI en el distrito 19 de Córdoba.
El “suspirante” fue denunciado ante la Fiscalía General del estado, pues se le relaciona con un daño patrimonial por más de $20 millones de pesos. La denuncia fue presentada por la empresa Intermercado S.A. de C.V.
En la denuncia también aparecen Arnulfo García Fragoso, Jesús Moreno Torres y Eduardo Contreras Rojas, en su calidad de tesorero, subdirector de Operación Financiera y director general de Administración, respectivamente, además de la lideresa del Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), Juan Consuelo Méndez.
La denuncia surgió después que la empresa Intermercado S.A. de C.V. firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), para ofrecer préstamos a los trabajadores, los cuales serían recuperados a través de descuentos vía nómina.
Aunque el sub secretario de la Sefiplan realizó los descuentos a los empleados, de repente los montos entregados a la empresa empezaron a disminuir, hasta que en febrero pasado, se suspendieron las aportaciones.
Por lo anterior, se incluyó en el buró de crédito a más de mil 500 empleados de la Sefiplan que adquirieron préstamos con ellos y que han caído en morosidad. "Sabemos que la culpa no es de los trabajadores, pero a nosotros la ley nos obliga a reportarlos y ellos tendrán que reclamar en su momento a su jefe, es decir a la Sefiplan", externó a los medios el representante de la empresa, Carmelo Reyes.
Aunque la empresa buscó el dialogo con la Sefiplan, el ahora aspirante a diputado local ni siquiera recibió a sus representantes. “Juan Manuel del Castillo lo que busca es el fuero que lo proteja no sólo de esta, sino de otras irregularidades que cometió en su paso por la función pública", anotó
El abogado recomendó a los trabajadores que presenten una acusación en contra de esos mismos ex funcionarios por el delito de fraude e incluso de robo, pues les están descontando dinero, el cual no es utilizado para el pago de los compromisos adquiridos por los empleados.
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